En su pronunciamiento, los alcaldes señalaron que el cierre de caminos interrumpe la circulación normal de personas y mercancías, lo que complica el traslado de productos agrícolas, el acceso a mercados y el abastecimiento de las familias. También alertaron que la situación afecta a transportistas, comerciantes y productores que dependen de la transitabilidad de las carreteras para cumplir con sus actividades diarias.
Las autoridades recordaron que la protesta social es un derecho, pero remarcaron que no debe ejercerse afectando los derechos de terceros. En ese sentido, insistieron en que los conflictos deben resolverse mediante espacios de concertación y diálogo, evitando mayores tensiones y daños económicos para las comunidades de los Valles cruceños.
Asimismo, manifestaron su preocupación por el impacto que los bloqueos pueden tener en una región donde la producción agrícola y el movimiento comercial son fundamentales para la economía local. Según los alcaldes, cada día de interrupción en las vías representa pérdidas para pequeños y medianos productores, además de dificultades para el traslado de insumos, alimentos y otros productos esenciales.
Los alcaldes también hicieron un llamado a la responsabilidad de todos los actores involucrados para evitar que el conflicto se agrave. Consideraron que la población no debe seguir siendo la principal afectada por medidas de presión que, en lugar de aportar una solución, profundizan la incertidumbre y el malestar en la región.
Finalmente, reiteraron su pedido para que se levanten los bloqueos y se abra un canal de diálogo serio, respetuoso y con resultados concretos. A su criterio, solo mediante la concertación será posible encontrar una salida pacífica que permita restablecer la normalidad en las rutas y proteger la economía de los Valles cruceños.